Ley de fertilización: no la cumplen las obras sociales
09/08/11Denuncia contra sindicatos en Provincia. La asociación Concebir dice que todas las entidades sindicales y algunas prepagas se niegan a cubrir la fertilización asistida. En los hospitales públicos bonaerenses ya se atendieron gratis 190 parejas.
PorVictoria De Masi
Cuando diagnosticaron su enfermedad, arrancó la odisea para Solana García. Según los estudios, sus trompas están obstruidas y la única forma de quedar embarazada es a través de la fertilización in vitro. Llamó a su obra social, que es de un sindicato, y le dijeron que a ellos no les corresponde cubrir el tratamiento. Le sugirieron entonces que llame a Provincia, que en algunos hospitales hacían el tratamiento gratis. “Pero en Provincia me dijeron que si tengo obra social, no puedo acceder al tratamiento”, cuenta Solana, que tiene 35 años y vive en Banfield. Y así está desde hace meses, a la deriva en un sistema burócratico que pide papeles, pero no da soluciones. Y mientras tanto su reloj biológico corre.
En enero entró en vigencia la Ley 14.208 que establece la gratuidad de los tratamientos de fertilización para las parejas que residan en la Provincia y que no puedan tener hijos. El sistema está funcionando exitosamente en cinco hospitales para los que no tienen cobertura médica: ya hubo 190 consultas y 44 embarazos. La norma también establece que las obras sociales y prepagas deben brindar esos tratamientos a sus afiliados. Sin embargo, según denuncia la asociación Concebir, ninguna obra social sindical les está brindando la cobertura a sus afiliados. La entidad también relevó que por ahora lo están cumpliendo las prepagas Swiss Medical, Galeno, Hospital Italiano, Simeco y Osde, que según el plan financia hasta el 50%.
¿Por qué no cumplen las obras sociales? “La excusa es que, como el tratamiento no está incluido en el Plan Médico Obligatorio, no están obligadas a financiarlo. Dicen que falta una ley nacional, que sólo así las empresas de medicina van a cubrir el tramiento”, explica Guillermina Pieroni, a cargo del área de Asesoramiento Legal de Concebir.
No obstante, en marzo el gobernador bonaerense Daniel Scioli firmó el decreto 564 que ratifica que “las obras sociales y las empresas de medicina prepaga con actuación en la provincia de Buenos Aires deberán brindar a sus afiliados la cobertura integral de las prestaciones previstas en la ley, en las mismas condiciones y con los mismos alcances que lo hace la obra social del Estado provincial (IOMA)”.
Entonces ¿están fuera de ley las obras sociales y las prepagas que no cubran el tratamiento? Para Pablo Garrido, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia, la ley bonaerense obliga a que las obras sociales atiendan los tratamientos . “Primero, la ley no era explícita: se firmó el decreto modificatorio para aclararlo. Luego, la excusa es que no hay ley nacional. Corren el arco, desplazan el objetivo de la ley que es la posibilidad de convertir en padres a aquellos que tienen una enfermedad. Si no cumplen, la Justicia debe obligarlas a que lo hagan”, sostiene. De todas maneras, nota que las prepagas y obras sociales, de a poco, están reconociendo que se tienen que hacer cargo de la atención.
Clarín se comunicó con la obras sociales sindicales de gastronómicos, camioneros y empleados de comercio. Todas ellas indicaron que responden a la Superintendencia de Servicios de Salud, entidad que regula su actividad. Ricardo Bellagio, titular de la Superintendencia, explicó: “No es un capricho. Entendemos que debe haber una ley nacional de reproducción asistida, porque esta norma está limitada a una jurisdicción en particular. No creemos que estén fuera de la ley quienes se nieguen, por el momento, a atender un caso de fertilización”.
Las parejas que están buscando a un hijo y que sólo pueden lograrlo mediante la reproducción asistida tienen que pedir a la obra social o prepaga un certificado con el diagnóstico y la negativa a cubrirlo. Ahí, el camino se bifurca: o se llega a un acuerdo o se inicia un amparo, lo que significa un gasto de, por lo menos, mil pesos. Según Pierini, alrededor de 50 parejas se acercaron a la asociación civil apara asesorarse. Tanto obras sociales como medicina prepaga prefieren esquivar la vía judicial, en forma de amparo o carta documento, porque saben que la Justicia les dará la razón a las parejas.
La ley bonaerense prevé tratamientos de baja y alta complejidad (ver infografía). El costo varía de acuerdo al tipo de práctica, pero varían entre los 2.000 y los 20.000 pesos. ¿La resistencia de obras sociales y empresas será por la falta de una ley nacional o por el costo que significa afrontarlos?
GENTILEZA: CLARÍN
En enero entró en vigencia la Ley 14.208 que establece la gratuidad de los tratamientos de fertilización para las parejas que residan en la Provincia y que no puedan tener hijos. El sistema está funcionando exitosamente en cinco hospitales para los que no tienen cobertura médica: ya hubo 190 consultas y 44 embarazos. La norma también establece que las obras sociales y prepagas deben brindar esos tratamientos a sus afiliados. Sin embargo, según denuncia la asociación Concebir, ninguna obra social sindical les está brindando la cobertura a sus afiliados. La entidad también relevó que por ahora lo están cumpliendo las prepagas Swiss Medical, Galeno, Hospital Italiano, Simeco y Osde, que según el plan financia hasta el 50%.
¿Por qué no cumplen las obras sociales? “La excusa es que, como el tratamiento no está incluido en el Plan Médico Obligatorio, no están obligadas a financiarlo. Dicen que falta una ley nacional, que sólo así las empresas de medicina van a cubrir el tramiento”, explica Guillermina Pieroni, a cargo del área de Asesoramiento Legal de Concebir.
No obstante, en marzo el gobernador bonaerense Daniel Scioli firmó el decreto 564 que ratifica que “las obras sociales y las empresas de medicina prepaga con actuación en la provincia de Buenos Aires deberán brindar a sus afiliados la cobertura integral de las prestaciones previstas en la ley, en las mismas condiciones y con los mismos alcances que lo hace la obra social del Estado provincial (IOMA)”.
Entonces ¿están fuera de ley las obras sociales y las prepagas que no cubran el tratamiento? Para Pablo Garrido, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia, la ley bonaerense obliga a que las obras sociales atiendan los tratamientos . “Primero, la ley no era explícita: se firmó el decreto modificatorio para aclararlo. Luego, la excusa es que no hay ley nacional. Corren el arco, desplazan el objetivo de la ley que es la posibilidad de convertir en padres a aquellos que tienen una enfermedad. Si no cumplen, la Justicia debe obligarlas a que lo hagan”, sostiene. De todas maneras, nota que las prepagas y obras sociales, de a poco, están reconociendo que se tienen que hacer cargo de la atención.
Clarín se comunicó con la obras sociales sindicales de gastronómicos, camioneros y empleados de comercio. Todas ellas indicaron que responden a la Superintendencia de Servicios de Salud, entidad que regula su actividad. Ricardo Bellagio, titular de la Superintendencia, explicó: “No es un capricho. Entendemos que debe haber una ley nacional de reproducción asistida, porque esta norma está limitada a una jurisdicción en particular. No creemos que estén fuera de la ley quienes se nieguen, por el momento, a atender un caso de fertilización”.
Las parejas que están buscando a un hijo y que sólo pueden lograrlo mediante la reproducción asistida tienen que pedir a la obra social o prepaga un certificado con el diagnóstico y la negativa a cubrirlo. Ahí, el camino se bifurca: o se llega a un acuerdo o se inicia un amparo, lo que significa un gasto de, por lo menos, mil pesos. Según Pierini, alrededor de 50 parejas se acercaron a la asociación civil apara asesorarse. Tanto obras sociales como medicina prepaga prefieren esquivar la vía judicial, en forma de amparo o carta documento, porque saben que la Justicia les dará la razón a las parejas.
La ley bonaerense prevé tratamientos de baja y alta complejidad (ver infografía). El costo varía de acuerdo al tipo de práctica, pero varían entre los 2.000 y los 20.000 pesos. ¿La resistencia de obras sociales y empresas será por la falta de una ley nacional o por el costo que significa afrontarlos?
GENTILEZA: CLARÍN
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